BRUSELAS – A un mes de las elecciones para el Parlamento Europeo, muchas de las industrias europeas sobreviven a duras penas. Pero la dirigencia de la Unión Europea, en vez de tomar las decisiones difíciles que se necesitan para revertir la decadencia industrial del bloque, se ha contentado a menudo con mantener el statu quo. Hay incluso líderes populistas que se oponen a cualquier plan de modernizar la base industrial de Europa (y al hacerlo, engañan a la opinión pública).
En los últimos años, el sector manufacturero europeo ha enfrentado una serie de desafíos inéditos. La pandemia de COVID‑19 y la guerra en Ucrania pusieron al descubierto la dependencia europea de la importación de bienes críticos, y asestaron duros golpes a la producción industrial, al interrumpir cadenas de suministro y generar una crisis energética y del costo de vida.
Otro factor que debilita el dinamismo y la resiliencia del sector manufacturero de la UE es una visión cortoplacista de las corporaciones, que se refleja en que prefieran distribuir dividendos y recomprar acciones a reinvertir ganancias. Y estos problemas se agravan por la presencia de la crisis máxima (el cambio climático), que genera costos financieros y humanos cada vez mayores.
El impacto sobre la industria europea ya es visible. En 2022, el déficit comercial de la UE alcanzó la cifra asombrosa de 432 000 millones de euros (465 000 millones de dólares), impulsado por un aumento del gasto en importaciones de energía y pérdidas de producción derivadas de la crisis energética. En febrero de 2024, la producción industrial registró una caída interanual del 6,4% en la zona euro y 5,4% en la UE.
Si la UE no revierte este declive, los europeos se exponen a terminar privados de las industrias que por décadas han provisto empleos de calidad a incontables trabajadores que obtuvieron de ellos no sólo seguridad económica sino también un sentido de propósito, comunidad e identidad. Y no está claro cómo se podría llenar ese vacío.
Las otras grandes potencias económicas ya están comprometidas con la modernización industrial. Dos décadas de firme estrategia industrial han procurado a China una posición dominante en la mayoría de las cadenas de suministro de la tecnología limpia. Y hace poco Estados Unidos respondió con una política industrial propia, la Ley de CHIPS y Ciencia y la Ley de Reducción de la Inflación (IRA por la sigla en inglés). Para que las industrias europeas mantengan su competitividad en este entorno (y para que Europa alcance su objetivo de «autonomía estratégica»), la UE tendrá que seguir el ejemplo.
La buena noticia es que ya tenemos una hoja de ruta para una modernización industrial sostenible: el Pacto Verde Europeo, un amplio conjunto de políticas orientado a transformar a la UE en una economía moderna, competitiva y eficiente en el uso de los recursos. Por desgracia, las propuestas del Pacto no son sencillas y estamos muy lejos de convertirlas en realidad. Para hacerlo, las autoridades europeas tendrán que liberar en poco tiempo niveles de inversión inéditos, asegurándose de que las industrias y los trabajadores de todos los estados miembros estén incluidos.
Las necesidades de inversión del Pacto Verde son considerables. Se prevé que de aquí a 2030 el consumo de electricidad crecerá alrededor de un 60%, de modo que la Comisión Europea calcula que sólo la modernización de la red eléctrica demandará invertir 584 000 millones de euros durante esta década. Para esto se necesita una estrategia integral de inversión para toda la UE, que sostenga la industria pesada ya instalada y al mismo tiempo incentive innovaciones en el área de la tecnología limpia.
Por casi veinte años la UE ha preferido el «palo» del comercio de emisiones a la «zanahoria» de crear incentivos positivos para la descarbonización. Es verdad que el régimen de comercio de derechos de emisión de la UE (que en la práctica instituye un precio al carbono, al obligar a las empresas a comprar una cantidad de permisos o «derechos» que cubra sus emisiones de dióxido de carbono) ha ayudado a limitar la contaminación derivada de la generación de electricidad. Pero también ha expuesto la competitividad de la industria europea a una mayor presión, que ahora se agrava por la IRA.
En un intento de aliviar esa presión, Europa ha apelado a impuestos al carbono en frontera y regulaciones sobre subsidios extranjeros; pero son medidas parciales. La dirigencia de la UE tiene que hacer mucho más y diseñar una estrategia industrial más amplia que dé respuesta a los faltantes de inversión y mitigue los riesgos asociados con la producción de bienes carbononeutrales (más costosos) en un mercado internacional ferozmente competitivo.
Por desgracia, la nueva normativa fiscal de la UE (acordada en febrero por el Consejo y el Parlamento Europeo) reducirá la capacidad del bloque para invertir en tecnología verde y en modernización industrial, y profundizará las disparidades entre los estados miembros. Según una investigación de la Confederación Europea de Sindicatos, con las nuevas normas fiscales de la UE, sólo tres países (Dinamarca, Irlanda y Suecia) podrán satisfacer sus necesidades de inversión en programas sociales y de descarbonización. Para cubrir el faltante en el resto de la UE, se necesitarán entre 300 000 y 420 000 millones de euros adicionales al año. Sin esa financiación, el mercado interno de la UE puede fragmentarse y eso aceleraría la desindustrialización.
Además, para impulsar el crecimiento económico, crear empleo y proteger el medioambiente (elementos esenciales para generar confianza pública), hay que dar apoyo a las comunidades de trabajadores, mediante la aplicación de estrictos criterios sociales a todos los mecanismos de financiación y compra públicas y a las iniciativas referidas a mercados piloto. En tiempos excepcionales se necesitan soluciones innovadoras, no insistir con políticas que ya fracasaron. Ideas como la austeridad, la flexibilización laboral y las privatizaciones sólo agravarán los problemas que enfrentamos.
Asimismo, para dar respuesta a la estrategia industrial de sus competidores, Europa no necesita populismo miope, sino una estrategia industrial holística que tenga en cuenta todas las dimensiones de los desafíos que tenemos por delante. Por ejemplo, un énfasis unidimensional en la aplicación de criterios ambientales estrictos supone riesgo de producir bienes verdes inaccesibles y estancar así el progreso en vehículos eléctricos y otras industrias críticas.
Las decisiones que tomemos en los próximos años determinarán el futuro a largo plazo de la industria europea (componente esencial del tejido social de la UE). Por eso el próximo Parlamento Europeo tiene que priorizar la implementación de un Pacto Verde Europeo renovado, complementado con iniciativas dirigidas a fortalecer la industria y atraer amplio apoyo de la población.
Traducción: Esteban Flamini
BRUSELAS – A un mes de las elecciones para el Parlamento Europeo, muchas de las industrias europeas sobreviven a duras penas. Pero la dirigencia de la Unión Europea, en vez de tomar las decisiones difíciles que se necesitan para revertir la decadencia industrial del bloque, se ha contentado a menudo con mantener el statu quo. Hay incluso líderes populistas que se oponen a cualquier plan de modernizar la base industrial de Europa (y al hacerlo, engañan a la opinión pública).
En los últimos años, el sector manufacturero europeo ha enfrentado una serie de desafíos inéditos. La pandemia de COVID‑19 y la guerra en Ucrania pusieron al descubierto la dependencia europea de la importación de bienes críticos, y asestaron duros golpes a la producción industrial, al interrumpir cadenas de suministro y generar una crisis energética y del costo de vida.
Otro factor que debilita el dinamismo y la resiliencia del sector manufacturero de la UE es una visión cortoplacista de las corporaciones, que se refleja en que prefieran distribuir dividendos y recomprar acciones a reinvertir ganancias. Y estos problemas se agravan por la presencia de la crisis máxima (el cambio climático), que genera costos financieros y humanos cada vez mayores.
El impacto sobre la industria europea ya es visible. En 2022, el déficit comercial de la UE alcanzó la cifra asombrosa de 432 000 millones de euros (465 000 millones de dólares), impulsado por un aumento del gasto en importaciones de energía y pérdidas de producción derivadas de la crisis energética. En febrero de 2024, la producción industrial registró una caída interanual del 6,4% en la zona euro y 5,4% en la UE.
Si la UE no revierte este declive, los europeos se exponen a terminar privados de las industrias que por décadas han provisto empleos de calidad a incontables trabajadores que obtuvieron de ellos no sólo seguridad económica sino también un sentido de propósito, comunidad e identidad. Y no está claro cómo se podría llenar ese vacío.
Las otras grandes potencias económicas ya están comprometidas con la modernización industrial. Dos décadas de firme estrategia industrial han procurado a China una posición dominante en la mayoría de las cadenas de suministro de la tecnología limpia. Y hace poco Estados Unidos respondió con una política industrial propia, la Ley de CHIPS y Ciencia y la Ley de Reducción de la Inflación (IRA por la sigla en inglés). Para que las industrias europeas mantengan su competitividad en este entorno (y para que Europa alcance su objetivo de «autonomía estratégica»), la UE tendrá que seguir el ejemplo.
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La buena noticia es que ya tenemos una hoja de ruta para una modernización industrial sostenible: el Pacto Verde Europeo, un amplio conjunto de políticas orientado a transformar a la UE en una economía moderna, competitiva y eficiente en el uso de los recursos. Por desgracia, las propuestas del Pacto no son sencillas y estamos muy lejos de convertirlas en realidad. Para hacerlo, las autoridades europeas tendrán que liberar en poco tiempo niveles de inversión inéditos, asegurándose de que las industrias y los trabajadores de todos los estados miembros estén incluidos.
Las necesidades de inversión del Pacto Verde son considerables. Se prevé que de aquí a 2030 el consumo de electricidad crecerá alrededor de un 60%, de modo que la Comisión Europea calcula que sólo la modernización de la red eléctrica demandará invertir 584 000 millones de euros durante esta década. Para esto se necesita una estrategia integral de inversión para toda la UE, que sostenga la industria pesada ya instalada y al mismo tiempo incentive innovaciones en el área de la tecnología limpia.
Por casi veinte años la UE ha preferido el «palo» del comercio de emisiones a la «zanahoria» de crear incentivos positivos para la descarbonización. Es verdad que el régimen de comercio de derechos de emisión de la UE (que en la práctica instituye un precio al carbono, al obligar a las empresas a comprar una cantidad de permisos o «derechos» que cubra sus emisiones de dióxido de carbono) ha ayudado a limitar la contaminación derivada de la generación de electricidad. Pero también ha expuesto la competitividad de la industria europea a una mayor presión, que ahora se agrava por la IRA.
En un intento de aliviar esa presión, Europa ha apelado a impuestos al carbono en frontera y regulaciones sobre subsidios extranjeros; pero son medidas parciales. La dirigencia de la UE tiene que hacer mucho más y diseñar una estrategia industrial más amplia que dé respuesta a los faltantes de inversión y mitigue los riesgos asociados con la producción de bienes carbononeutrales (más costosos) en un mercado internacional ferozmente competitivo.
Por desgracia, la nueva normativa fiscal de la UE (acordada en febrero por el Consejo y el Parlamento Europeo) reducirá la capacidad del bloque para invertir en tecnología verde y en modernización industrial, y profundizará las disparidades entre los estados miembros. Según una investigación de la Confederación Europea de Sindicatos, con las nuevas normas fiscales de la UE, sólo tres países (Dinamarca, Irlanda y Suecia) podrán satisfacer sus necesidades de inversión en programas sociales y de descarbonización. Para cubrir el faltante en el resto de la UE, se necesitarán entre 300 000 y 420 000 millones de euros adicionales al año. Sin esa financiación, el mercado interno de la UE puede fragmentarse y eso aceleraría la desindustrialización.
Además, para impulsar el crecimiento económico, crear empleo y proteger el medioambiente (elementos esenciales para generar confianza pública), hay que dar apoyo a las comunidades de trabajadores, mediante la aplicación de estrictos criterios sociales a todos los mecanismos de financiación y compra públicas y a las iniciativas referidas a mercados piloto. En tiempos excepcionales se necesitan soluciones innovadoras, no insistir con políticas que ya fracasaron. Ideas como la austeridad, la flexibilización laboral y las privatizaciones sólo agravarán los problemas que enfrentamos.
Asimismo, para dar respuesta a la estrategia industrial de sus competidores, Europa no necesita populismo miope, sino una estrategia industrial holística que tenga en cuenta todas las dimensiones de los desafíos que tenemos por delante. Por ejemplo, un énfasis unidimensional en la aplicación de criterios ambientales estrictos supone riesgo de producir bienes verdes inaccesibles y estancar así el progreso en vehículos eléctricos y otras industrias críticas.
Las decisiones que tomemos en los próximos años determinarán el futuro a largo plazo de la industria europea (componente esencial del tejido social de la UE). Por eso el próximo Parlamento Europeo tiene que priorizar la implementación de un Pacto Verde Europeo renovado, complementado con iniciativas dirigidas a fortalecer la industria y atraer amplio apoyo de la población.
Traducción: Esteban Flamini