YEDA – El mundo de hoy se enfrenta a una multitud de desafíos complejos en el área del desarrollo, que van del cambio climático y la urbanización acelerada a la desigualdad en aumento, el endeudamiento insostenible y una persistente divisoria digital. Pero la pandemia de COVID‑19 reveló que muchos países en desarrollo carecen de una infraestructura sostenible y resiliente en el sector social, necesaria para hacer frente a esas crisis, complejas y superpuestas. Peor aún, la reducción del margen fiscal, pesadas cargas de deuda y niveles inadecuados de ayuda oficial al desarrollo impiden a estos países (y en particular a los menos desarrollados) resolver esos faltantes de infraestructura.
Se calcula que en 2040 el déficit mundial de inversión en infraestructura habrá crecido a unos quince billones de dólares. Esta cifra enorme es atribuible a unos pocos factores clave. Muchos países en desarrollo no tienen recursos financieros para invertir en proyectos largos y costosos de infraestructura a gran escala. Y los actores privados suelen evitarlos, por la idea de que la inversión en infraestructura en países en desarrollo es demasiado arriesgada. En conjunto, ambos factores son un importante obstáculo contra la creación de infraestructuras que se necesitan con urgencia.
La buena noticia es que los bancos multilaterales de desarrollo (BMD) y otras partes interesadas son cada vez más conscientes de la necesidad de actuar lo antes posible para superar estos desafíos. Los accionistas de los BMD presionan para que estos aumenten su calidad, volumen y eficacia. El G20 encargó un estudio independiente sobre los marcos de adecuación de capital de los BMD, y los autores del estudio recomendaron aumentar el uso de mecanismos de financiación innovadores. Luego, un grupo de expertos independientes convocado por el G20 para analizar una mejora de los BMD publicó un informeen varios volúmenes en el que, entre otras cosas, se pide más participación del sector privado en la financiación del desarrollo, mediante la ampliación de los instrumentos de coparticipación de riesgos que ya existen y la creación de instrumentos nuevos, por ejemplo préstamos con garantía de activos («financiación basada en activos»).
YEDA – El mundo de hoy se enfrenta a una multitud de desafíos complejos en el área del desarrollo, que van del cambio climático y la urbanización acelerada a la desigualdad en aumento, el endeudamiento insostenible y una persistente divisoria digital. Pero la pandemia de COVID‑19 reveló que muchos países en desarrollo carecen de una infraestructura sostenible y resiliente en el sector social, necesaria para hacer frente a esas crisis, complejas y superpuestas. Peor aún, la reducción del margen fiscal, pesadas cargas de deuda y niveles inadecuados de ayuda oficial al desarrollo impiden a estos países (y en particular a los menos desarrollados) resolver esos faltantes de infraestructura.
Se calcula que en 2040 el déficit mundial de inversión en infraestructura habrá crecido a unos quince billones de dólares. Esta cifra enorme es atribuible a unos pocos factores clave. Muchos países en desarrollo no tienen recursos financieros para invertir en proyectos largos y costosos de infraestructura a gran escala. Y los actores privados suelen evitarlos, por la idea de que la inversión en infraestructura en países en desarrollo es demasiado arriesgada. En conjunto, ambos factores son un importante obstáculo contra la creación de infraestructuras que se necesitan con urgencia.
La buena noticia es que los bancos multilaterales de desarrollo (BMD) y otras partes interesadas son cada vez más conscientes de la necesidad de actuar lo antes posible para superar estos desafíos. Los accionistas de los BMD presionan para que estos aumenten su calidad, volumen y eficacia. El G20 encargó un estudio independiente sobre los marcos de adecuación de capital de los BMD, y los autores del estudio recomendaron aumentar el uso de mecanismos de financiación innovadores. Luego, un grupo de expertos independientes convocado por el G20 para analizar una mejora de los BMD publicó un informeen varios volúmenes en el que, entre otras cosas, se pide más participación del sector privado en la financiación del desarrollo, mediante la ampliación de los instrumentos de coparticipación de riesgos que ya existen y la creación de instrumentos nuevos, por ejemplo préstamos con garantía de activos («financiación basada en activos»).