PARÍS – El Nuevo Trato Verde promovido por Alexandria Ocasio-Cortez, una estrella en rápido ascenso en el Congreso de Estados Unidos, y otros compañeros suyos demócratas, puede dar lugar a una reanudación bienvenida de la discusión sobre la mitigación del cambio climático en Estados Unidos y otras partes. Si bien no es del todo nuevo –los Verdes europeos han venido presionando por un “nuevo trato” de este tipo desde hace diez años-, su plan es ambicioso y de amplio espectro.
Tal vez, ambicioso y de amplio espectro en exceso. Pero, a diferencia de la estrategia preferida de los economistas ante el cambio climático –fijar el precio correcto para el carbono y dejar el resto en manos de decisiones privadas-, el Nuevo Trato Verde abarca correctamente las muchas dimensiones de lo que debe ser una transformación fundamental de nuestras economías y nuestras sociedades si no se enfrenta con éxito el desafío climático.
La transición a una economía neutra en emisiones de carbono será tan revolucionaria como la transición a la era industrial. Dada la naturaleza global de esta transición, no se la puede resumir en un solo precio. Debe ser un emprendimiento colectivo en el que los gobiernos inviertan y cada ciudadano encuentre su rol. El espíritu optimista y participativo del Nuevo Trato Verde debería ser elogiado.
Pero seamos claros: la transición verde no vendrá sin costos. No hay duda de que la vida y el trabajo serán mucho mejores si logramos contener el cambio climático, y éste es el razonamiento para emprender los esfuerzos correspondientes. Sin embargo, eso no es lo que están preguntando muchos ciudadanos. Su expectativa de base –poco realista, pero entendible- es un escenario sin grandes cambios en el que siguen consumiendo y viajando según sus hábitos actuales. Pueden aceptar comer menos carne y usar autos más eficientes, siempre que su poder adquisitivo no cambie. Y tal vez quieran cambiar de trabajo, si el nuevo es mejor pago y menos estresante. Pero hay poca evidencia de que los ciudadanos estén dispuestos a mucho más.
Lógicamente, quienes respaldan el Nuevo Trato Verde tienden a complacer estos sentimientos. La propuesta de Ocasio-Cortez es lo suficientemente vaga como para evitar críticas precisas, pero lo que resulta evidente es que elude las cuestiones que puedan ser perjudiciales. Lo mismo se aplica a muchos planes que prometen una vida mejor junto con más y mejores empleos.
La verdad, desafortunadamente, es muy diferente. La transición a una economía neutra en emisiones de carbono hará que estemos peor antes de que pasemos a estar mejor, y los segmentos más vulnerables de la sociedad se verán especialmente afectados. A menos que reconozcamos y abordemos esta realidad, el apoyo a una economía más verde seguirá siendo escaso y tal vez termine disipándose.
La razón nos retrotrae al instrumento favorito de los economistas: los precios. De una u otra manera, debemos empezar a pagar por algo –el carbono- que hemos venido consumiendo gratis. Y ponerle un precio al carbono reducirá el consumo general.
La causa no es el impuesto, cuya recaudación se puede redistribuir entre los contribuyentes, por ejemplo, sobre una base per capita, como ha propuesto un grupo extraordinario de economistas estadounidenses. Más bien, ponerle un precio al carbono inevitablemente resultará en lo que los economistas llaman un shock de oferta negativo. Algún equipamiento se tornará inutilizable, y algunas tecnologías ya no serán rentables. La producción máxima (lo que los economistas llaman el PIB potencial) declinará. Si el alza del precio es abrupta, lo que vendrá después es una caída, como ocurrió en 1974, cuando los productores de petróleo de repente aumentaron los precios. Un corolario es que la riqueza cae en la medida que el valor de las viviendas que no son eficientes en cuanto al consumo de combustible, de los autos glotones y de las acciones de las empresas petroleras decae.
El problema no surge del uso de un instrumento de precios. Sería lo mismo en una economía planificada: la eficiencia de carbono también exigiría que se descartaran los equipos antiguos e ineficientes y que se hiciera una inversión adicional para que el PIB se vuelva menos intensivo en consumo de carbono. Las estimaciones recientes colocan la inversión adicional necesaria en alrededor del 2% del PIB anualmente en 2040, con lo cual el porcentaje de producción disponible para el consumo de los hogares será, por consiguiente, menor.
Es más, los efectos distributivos de la transición verde son desafortunadamente adversos. La clase media pobre y suburbana gasta un porcentaje mayor de su ingreso en energía que los profesionales ricos y urbanos, y muchas veces carece de los medios para comprar un sistema de calefacción nuevo y eficiente o para aislar su casa. Y, como los empleos de la clase trabajadora tienden a ser más intensos en consumo de carbono, los trabajadores de las fábricas y los conductores de camiones se verán más afectados que los diseñadores y los banqueros.
El problema que enfrentan nuestras sociedades es gigantesco, y no se lo debería ocultar. El gobierno francés tuvo que dar marcha atrás después de que los Chalecos Amarillos se rebelaron contra un impuesto al combustible de 55 euros (63 dólares) por tonelada, pero una estimación reciente de lo que se necesita para una descarbonización puso la tasa en 250 euros por tonelada en 2030. Los países europeos, que ya agonizan por tener que aumentar su gasto en defensa al 2% del PIB, como ha exigido el presidente norteamericano, Donald Trump, hoy enfrentan la perspectiva de pagar otro 2% para la transición a una economía libre de carbono. Durante décadas, a la gente se le ha dado incentivos para trasladarse de los centros de las ciudades a los suburbios, y ahora se le dice que su estilo de vida no tiene futuro.
Afortunadamente, esos efectos se pueden aligerar. La plena redistribución de la recaudación del impuesto al carbono puede aliviar la carga sobre los más vulnerables. En un entorno de tasas de interés ultra bajas, el financiamiento de deuda es una manera racional de acelerar la transformación económica a la vez que se reparte el costo correspondiente a lo largo de generaciones. Como sugiere la asombrosa caída en el costo de los paneles solares, fomentar la innovación y la competencia ayudará a acelerar la aparición de tecnologías limpias y eficientes. Y cuanto antes se emprenda la acción, y cuanto más predecible sea la perspectiva a largo plazo, más fácil será adaptarse y menos adverso será el impacto en la producción y la riqueza. Los cambios abruptos devalúan los activos existentes, mientras que una transición suave permite las inversiones correctas en el momento correcto.
Dicho esto, el realismo nos obliga a reconocer que nada puede eliminar del todo la penuria que implica la transición. Para ganar, los entusiastas del Nuevo Trato Verde deben ser honestos con los ciudadanos respecto de qué implica la transformación inminente, cómo se minimizarán y se compartirán equitativamente sus costos y qué papel pueden desempeñar. En lugar de retratar este escenario como prometedor, deberían mostrar que es viable.
PARÍS – El Nuevo Trato Verde promovido por Alexandria Ocasio-Cortez, una estrella en rápido ascenso en el Congreso de Estados Unidos, y otros compañeros suyos demócratas, puede dar lugar a una reanudación bienvenida de la discusión sobre la mitigación del cambio climático en Estados Unidos y otras partes. Si bien no es del todo nuevo –los Verdes europeos han venido presionando por un “nuevo trato” de este tipo desde hace diez años-, su plan es ambicioso y de amplio espectro.
Tal vez, ambicioso y de amplio espectro en exceso. Pero, a diferencia de la estrategia preferida de los economistas ante el cambio climático –fijar el precio correcto para el carbono y dejar el resto en manos de decisiones privadas-, el Nuevo Trato Verde abarca correctamente las muchas dimensiones de lo que debe ser una transformación fundamental de nuestras economías y nuestras sociedades si no se enfrenta con éxito el desafío climático.
La transición a una economía neutra en emisiones de carbono será tan revolucionaria como la transición a la era industrial. Dada la naturaleza global de esta transición, no se la puede resumir en un solo precio. Debe ser un emprendimiento colectivo en el que los gobiernos inviertan y cada ciudadano encuentre su rol. El espíritu optimista y participativo del Nuevo Trato Verde debería ser elogiado.
Pero seamos claros: la transición verde no vendrá sin costos. No hay duda de que la vida y el trabajo serán mucho mejores si logramos contener el cambio climático, y éste es el razonamiento para emprender los esfuerzos correspondientes. Sin embargo, eso no es lo que están preguntando muchos ciudadanos. Su expectativa de base –poco realista, pero entendible- es un escenario sin grandes cambios en el que siguen consumiendo y viajando según sus hábitos actuales. Pueden aceptar comer menos carne y usar autos más eficientes, siempre que su poder adquisitivo no cambie. Y tal vez quieran cambiar de trabajo, si el nuevo es mejor pago y menos estresante. Pero hay poca evidencia de que los ciudadanos estén dispuestos a mucho más.
Lógicamente, quienes respaldan el Nuevo Trato Verde tienden a complacer estos sentimientos. La propuesta de Ocasio-Cortez es lo suficientemente vaga como para evitar críticas precisas, pero lo que resulta evidente es que elude las cuestiones que puedan ser perjudiciales. Lo mismo se aplica a muchos planes que prometen una vida mejor junto con más y mejores empleos.
La verdad, desafortunadamente, es muy diferente. La transición a una economía neutra en emisiones de carbono hará que estemos peor antes de que pasemos a estar mejor, y los segmentos más vulnerables de la sociedad se verán especialmente afectados. A menos que reconozcamos y abordemos esta realidad, el apoyo a una economía más verde seguirá siendo escaso y tal vez termine disipándose.
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La razón nos retrotrae al instrumento favorito de los economistas: los precios. De una u otra manera, debemos empezar a pagar por algo –el carbono- que hemos venido consumiendo gratis. Y ponerle un precio al carbono reducirá el consumo general.
La causa no es el impuesto, cuya recaudación se puede redistribuir entre los contribuyentes, por ejemplo, sobre una base per capita, como ha propuesto un grupo extraordinario de economistas estadounidenses. Más bien, ponerle un precio al carbono inevitablemente resultará en lo que los economistas llaman un shock de oferta negativo. Algún equipamiento se tornará inutilizable, y algunas tecnologías ya no serán rentables. La producción máxima (lo que los economistas llaman el PIB potencial) declinará. Si el alza del precio es abrupta, lo que vendrá después es una caída, como ocurrió en 1974, cuando los productores de petróleo de repente aumentaron los precios. Un corolario es que la riqueza cae en la medida que el valor de las viviendas que no son eficientes en cuanto al consumo de combustible, de los autos glotones y de las acciones de las empresas petroleras decae.
El problema no surge del uso de un instrumento de precios. Sería lo mismo en una economía planificada: la eficiencia de carbono también exigiría que se descartaran los equipos antiguos e ineficientes y que se hiciera una inversión adicional para que el PIB se vuelva menos intensivo en consumo de carbono. Las estimaciones recientes colocan la inversión adicional necesaria en alrededor del 2% del PIB anualmente en 2040, con lo cual el porcentaje de producción disponible para el consumo de los hogares será, por consiguiente, menor.
Es más, los efectos distributivos de la transición verde son desafortunadamente adversos. La clase media pobre y suburbana gasta un porcentaje mayor de su ingreso en energía que los profesionales ricos y urbanos, y muchas veces carece de los medios para comprar un sistema de calefacción nuevo y eficiente o para aislar su casa. Y, como los empleos de la clase trabajadora tienden a ser más intensos en consumo de carbono, los trabajadores de las fábricas y los conductores de camiones se verán más afectados que los diseñadores y los banqueros.
El problema que enfrentan nuestras sociedades es gigantesco, y no se lo debería ocultar. El gobierno francés tuvo que dar marcha atrás después de que los Chalecos Amarillos se rebelaron contra un impuesto al combustible de 55 euros (63 dólares) por tonelada, pero una estimación reciente de lo que se necesita para una descarbonización puso la tasa en 250 euros por tonelada en 2030. Los países europeos, que ya agonizan por tener que aumentar su gasto en defensa al 2% del PIB, como ha exigido el presidente norteamericano, Donald Trump, hoy enfrentan la perspectiva de pagar otro 2% para la transición a una economía libre de carbono. Durante décadas, a la gente se le ha dado incentivos para trasladarse de los centros de las ciudades a los suburbios, y ahora se le dice que su estilo de vida no tiene futuro.
Afortunadamente, esos efectos se pueden aligerar. La plena redistribución de la recaudación del impuesto al carbono puede aliviar la carga sobre los más vulnerables. En un entorno de tasas de interés ultra bajas, el financiamiento de deuda es una manera racional de acelerar la transformación económica a la vez que se reparte el costo correspondiente a lo largo de generaciones. Como sugiere la asombrosa caída en el costo de los paneles solares, fomentar la innovación y la competencia ayudará a acelerar la aparición de tecnologías limpias y eficientes. Y cuanto antes se emprenda la acción, y cuanto más predecible sea la perspectiva a largo plazo, más fácil será adaptarse y menos adverso será el impacto en la producción y la riqueza. Los cambios abruptos devalúan los activos existentes, mientras que una transición suave permite las inversiones correctas en el momento correcto.
Dicho esto, el realismo nos obliga a reconocer que nada puede eliminar del todo la penuria que implica la transición. Para ganar, los entusiastas del Nuevo Trato Verde deben ser honestos con los ciudadanos respecto de qué implica la transformación inminente, cómo se minimizarán y se compartirán equitativamente sus costos y qué papel pueden desempeñar. En lugar de retratar este escenario como prometedor, deberían mostrar que es viable.